jueves, 25 de septiembre de 2008

PROYECTO DE LEY GENERAL DE EDUCACION - Exposición de motivos

La educación es la mejor inversión que un país pueda hacer para su desarrollo
individual y colectivo. De la educación que se ordene ahora dependerá en gran parte
cómo sea el Uruguay dentro de veinte o treinta años.
El gobierno nacional, obedeciendo a un compromiso ético, especialmente con los
sectores más desfavorecidos, y al mandato otorgado por la ciudadanía, está
desarrollando un proyecto de país democrático, solidario y con justicia social. Ha
impulsado e impulsa el desarrollo productivo, promoviendo la innovación, la ciencia, la
tecnología y la inserción competitiva de Uruguay a la región y al mundo, así como la
cultura y su accesibilidad. Coherente con estos propósitos, desde el primer momento
ha reconocido el papel central de la educación en ese proyecto.
La inversión del 4.5% del Producto Bruto Interno para la educación pública demuestra
la prioridad que se le otorga a la educación como un derecho humano fundamental.
Sin embargo, la sola asignación de recursos no es suficiente. Es preciso un proyecto
que comprometa a toda la sociedad y que asegure que estos recursos son destinados
a lograr los objetivos deseados. Por esta razón se propone una Ley General de
Educación que contenga fuertes elementos programáticos.
La intención de aprobar una nueva ley de educación fue señalada desde un
comienzo por este gobierno y consagrada en el acuerdo firmado por todos los
partidos con representación parlamentaria en febrero de 2005.
La aprobación de una nueva Ley de Educación es una deuda del sistema político con
la educación. La Ley 15.739 permitió el tránsito de la dictadura a la democracia. Sin
embargo, su propia denominación, “Ley de Emergencia”, recoge el sentir mayoritario
de que era necesario elaborar otra norma legal. Esta ley, por su contenido y
denominación no condice con el rol protagónico que la ciudadanía y este gobierno
asignan a la educación.
Si bien una Ley no opera por sí misma los cambios, sí puede y debe facilitarlos,
favorecerlos y orientarlos programáticamente.
En atención al objetivo de elaborar una Ley que abarque a todo la educación, desde el
nacimiento hasta la vida adulta, el presente proyecto deroga la Ley 16.802 que regula
las “guarderías” privadas e incorpora la educación de la primera infancia al Sistema
Nacional de Educación.
El gobierno se comprometió a que la discusión y elaboración de la nueva Ley de
Educación se hiciera con la más amplia participación de todos los sectores directa o
indirectamente involucrados. Por ello, se realizó durante 2006 el Debate Nacional
sobre la Educación, promovido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la
Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la
República (UdelaR) y organizado por una Comisión integrada por personas de
amplia representatividad de todos los ámbitos de la educación nacional y de los
partidos políticos. El Proyecto de Ley que se presenta al Poder Legislativo se nutre
de este proceso y pretende dar continuidad al mismo al abrir espacios de
participación social diversos, incluida la institucionalización del Congreso Nacional
de Educación con cometidos de asesoramiento y consulta.
Se propone un ordenamiento de acuerdo a principios impulsados por el gobierno y
recogidos en el proceso del Debate. El Proyecto establece metas de futuro inmediato y
mediato para un proyecto educativo sólido y abarcativo, y establece la coordinación
entre dicho proyecto educativo y el proyecto de país democrático, productivo,
innovador e integrado. Aspira a ser un marco flexible, capaz de generar los elementos
para su propia transformación.
La meta es educación de calidad, con equidad, relevancia y pertinencia para todos,
como derecho inalienable, y durante toda la vida, en una sociedad de aprendizaje,
tanto de saberes organizados en disciplinas como de actitudes y modos de vida.
Democratización de una educación conectada con el trabajo, en que todos puedan
seguir aprendiendo siempre.
Se mantienen y exaltan los principios varelianos: laicidad, gratuidad y obligatoriedad.
En particular se establecen las metas programáticas de obligatoriedad de la
enseñanza desde los 4 años y hasta la educación media superior con extensión del
horario a un mínimo de 900 horas al año, con vistas a llegar a la jornada escolar
extendida para todos los niños y jóvenes, de manera que las oportunidades de cada
uno no estén signadas por su origen. Metas sumamente ambiciosas pero
imprescindibles para el Uruguay del siglo XXI.
El proyecto pretende lo mismo que se quiere para los propios hijos, o para los jóvenes
compatriotas. Que sean buenas personas, solidarios, honestos: entonces las líneas
trasversales que atraviesan el proyecto en Derechos Humanos, formación en
ciudadanía y desarrollo de criterio propio. No como asignaturas, sino que impregnen
toda la educación. Que lleguen a ser independientes: entonces la formación en el
trabajo, para un mundo en que la capacitación es un requisito imprescindible. Que
entiendan el mundo en que viven y sean capaces de transformarlo: para ello
conocimientos científicos y sociales. Que sean capaces de disfrutar de la vida
individual y social: por eso educación en artes, para la salud, la educación física, la
recreación, la sexualidad. Que comprendan la relación de los seres humanos con la
naturaleza, por eso la educación ambiental. Que sean capaces de comunicarse
adecuadamente, por ello la educación lingüística.
Hay muchas formas de aprender que deben ser estimuladas y reconocidas, por eso se
habla de sociedad de aprendizaje. Se aprende en el trabajo, en los sindicatos, en
organizaciones variadas. Por este motivo se incluye la educación no formal y se
establecen sus lazos con la formal.
Se apunta a una educación cuyo sujeto es el educando. Se jerarquiza el centro
educativo como un espacio de aprendizaje y de socialización clave para la política
educativa nacional, promoviendo la participación de alumnos, docentes, padres o
representantes y de la comunidad. Se estimula la descentralización, creando
Comisiones Departamentales y posibilitando instancias regionales.
Se propone un sistema coordinado, que en su parte formal contempla los siguientes
niveles.
- La educación inicial (3 a 5 años de edad), la educación primaria (de seis años
de duración) y la educación media básica (de tres años).
- Esta educación media básica busca atender los intereses y necesidades de los
adolescentes y se propone recoger todas las experiencias de la enseñanza
secundaria, la técnico profesional y la rural.
- La enseñanza media superior tiene varias orientaciones y perfiles, que pueden
ser de egreso o de tránsito.
- La enseñanza terciaria tiene tres vertientes: la profesional, la universitaria y la
formación para la educación. El tránsito o la reválida entre las tres será
facilitado por el reconocimiento de créditos y por la posibilidad de cursos de
complementación.
- Los niveles de post grado son maestría y doctorado. Se prevé que desde las
distintas vertientes sea posible llegar a los niveles más altos.
La educación media se estructura de manera que el aprendizaje sea uno solo en
cuanto a aprender trabajando y trabajar aprendiendo, generando egresados capaces
de integrarse al mundo del trabajo y de seguir estudiando a través de diferentes
opciones terciarias. Se busca entonces que trabajo y estudio no sean antagónicos sino
complementarios en la vida.
Se da especial importancia a las formaciones de tipo profesional y terciario (incluyendo
tecnológicas, comerciales, idiomas, servicios); son opciones de interés para muchas
personas y son indispensables para el desarrollo del país.
El proyecto de Ley caracteriza como universitaria la formación de los docentes. Para
ello, se crea el Instituto Universitario de Educación el que deberá consignar el
cogobierno de los actores directos, y recibir el apoyo y la complementariedad de la
Universidad de la República, admitiendo que estas formaciones deben ser compatibles
y de tránsito fácil entre ellas. Esta nueva institucionalidad, en el futuro podría
desembocar en la autonomía de este Instituto o en la creación de una nueva
Universidad.
El Proyecto atiende la educación de personas jóvenes y adultas, de personas con
alguna forma de discapacidad, de la población carcelaria, procurando la integración de
todos a la educación a la que acuden las personas de similar edad, para promover la
integración social y la tolerancia.
En la formación terciaria profesional y en la de educación, se prevé la participación de
la Universidad de la República, creando sistemas abiertos, que colaboren en la
capacitación de personas, en la investigación en sus diferentes disciplinas, así como
en la enseñanza y en el aprendizaje.
Se busca entonces que el sistema sea un gran cuerpo coordinado a su interna,
coordinado con la investigación, la innovación y la cultura y coordinado con el
desarrollo. Se establecen equilibrios entre coordinación, autonomía y participación,
entre multiplicidad de actores y especializaciones; equilibrios que no deben ser
disyuntivos sino constructivos. El Consejo Directivo Central de la ANEP, autónomo,
estará integrado con personas designadas por el Poder Ejecutivo con venia del
Senado, como actualmente, ya que el gobierno electo representa a la ciudadanía y
tiene entre sus roles armonizar el proyecto educativo con el de desarrollo nacional.
Incluye la elección de dos miembros por los docentes del ente. Dos miembros de los
consejos de educación dependientes del CDC de ANEP serán designados por el
propio CDC y uno de ellos será electo por el cuerpo docente del respectivo Consejo.
La participación docente en la elección de dos consejeros del CDC y uno en cada
Consejo constituye un cambio sustancial, promueve la coparticipación de los docentes
y responde a la consideración de que no hay transformaciones en la educación sin su
participación.
La Ley crea el Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) conformado por el
MEC, la ANEP y la UdelaR. El propósito es que el Estado tenga un ámbito de
concertación y coordinación de políticas educativas y que permita que cada institución
se responsabilice de su propio ámbito.
Se crean mecanismos de evaluación independientes que permiten rendir cuentas a la
sociedad y tener bases objetivas para seguir cambiando fundadamente. La creación
del Instituto Nacional de Evaluación Educativa es una innovación clave para conocer la
realidad y para rendir cuentas a la sociedad de cómo se avanza en materia educativa.
En suma, el país necesita una Ley General de Educación, que conforme un verdadero
sistema educativo articulado con el proyecto de desarrollo del país, que establezca
metas y objetivos ambiciosos, propios del siglo XXI, que incorpore y promueva
innovaciones, que permita crear nuevas instituciones y que abra espacios de
participación docente, estudiantil y social. Lo necesita porque la situación actual no
satisface y requiere cambios. Uruguay requiere una Ley para cambiar la educación
para que colabore en la transformación del país.
Montevideo, mayo de 2008.

lunes, 15 de septiembre de 2008

EL 25 DE AGOSTO FESTEJAMOS Y ELEGIMOS

Nuestro Comité 26 de Julio (Coord. M) festejó, como todos los años, el Día del Comité de Base del Frente Amplio. Más que una rutina, fue ocasión de reencuentro de compañeros, reafirmación de la voluntad transformadora, compromiso de militancia y esfuerzo para seguir cambiando un Uruguay que lo necesita. Y fuimos muchos: más de 70 vecinos compañeros en la tardecita del lunes Fecha Patria.
Fiesta y actividad: una buena combinación de saladitos y pizzas conjugadas con la elección de los compañeros a los que se les encargó las responsabilidades del Comité. ¿Qué mostró la Asamblea? Otro episodio de la historia del Comité, sencillo pero reconfortante, una Asamblea Anual fraterna en torno al objetivo político que nos une, continuidad natural de una larga serie de Asambleas de los jueves que discute con altura. Los antecedentes explican que la elección de compañeros para desempeñar responsabilidades se haya hecho por unanimidad. No por ignorar ni despreciar la democracia ejercida por voto secreto, al contrario, pero las reuniones previas mostraron que la opción de una propuesta única era la más racional. Pero que conste: en la Asamblea los participantes fueron consultados sobre su voluntad de ser votados para alguna de las tareas. Y alguno más se incorporó. Hoy tenemos un elenco elegido por unanimidad de los 70 presentes:
Presidente Diego Pereira y Vicepresidente Nélida Sánchez
Secr. Organización Carlos Urta, Teresa Gaione, Iris Méndez
Secr. Finanzas Zoraida Vieytes, Vilma Nogueira, Exilda Barate
Secr. Propaganda Cristina García, Ana M. Fleitas, Gonzalo Pereira Intendencia Roberto Haedo, Ángel Cabrera
Secr. Asuntos Electorales Laura Cola, Liliana Cella
Delegados al Plenario Zonal Diego Pereira, Carlos Urta, Teresa Gaione

Contémosle a los que no pudieron participar el lunes 25 de Agosto: en un desarrollo general de serenidad, la intervención aplaudida con entusiasmo fue la que fundamentó la candidatura de nuestro Presidente Diego en base a su desempeño, su calma y dotes de “unidor”. Y también contémosle las interesantes intervenciones de compañeros vecinos que cumplen responsabilidades de gobierno:

• Presidente de la Junta Local, Miguel Pereira con las noticias de la gestión del CCZ;
• Diputado Gustavo Bernini, prolijo repaso de los logros del gobierno del FA;
• Presidente de AFE León Lev, con su reconocido fervor nos exhortó a esforzarnos a ganar la próxima elección y fortalecer la unidad del FA;
• Ministro de Industria y Energía Daniel Martínez, con detalles de las iniciativas sobre energía y su concepción sobre el desarrollo industrial que hay que impulsar

Y nuestro Presidente Diego Pereira, repasó las actividades recientes de nuestro Comité.
Cumplido el objetivo del 25 de Agosto, ahora encaramos el análisis del Programa del próximo gobierno de nuestro Frente Amplio:

¡Te esperamos el próximo jueves!