TINTA CLARA - Boletín del Comité - Noviembre

EL COMITÉ DECIDE HACIA EL CONGRESO DEL FRENTE AMPLIO

Noviembre encuentra a nuestro Comité en pleno análisis de los Lineamientos Programáticos para el Gobierno que se han puesto en consideración de las Bases. Hemos realizado varias asambleas para estudiarlos y han surgido diversas iniciativas que plantearemos al Congreso, quien ha de resolver el tema en el mes de diciembre.
Como parte de la discusión programática tratamos la segunda versión del proyecto de Ley de Educación y todo indica que será aprobada en la presente legislación. Nuestra asamblea del 20 de noviembre resolvió apoyarlo por unanimidad (16 votos a favor y dos abstenciones). Recordemos que uno de los puntos en debate es la composición del órgano de dirección, para el cual el proyecto propone una integración de 2 integrantes elegidos por los profesores y 3 representantes del gobierno con venia del Poder Legislativo. Se consideró que es un avance frente a la situación actual respecto a la representación docente y además otorga la responsabilidad de conducción al pueblo mediante sus representantes políticos.
Otro aspecto destacado de la discusión ha sido la propuesta de destrabar la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva mediante su incorporación al Programa de Gobierno para el próximo periodo. En parte, la situación actual se debe a que nuestro Programa anterior no lo consideraba y es hora de incorporarlo. Varios compañeros argumentaron que es inconveniente por afectar valores que van más allá de lo político
También se han propuesto agregados al Programa de gobierno en el tema de los Derechos Humanos e incluir una reforma de la Constitución para habilitar iniciativas populares y la eliminación del balotage.
La asamblea del 20 de noviembre consideró también la situación creada por la campaña reeleccionista y la discusión pública de las candidaturas a la presidencia. Predominaron las intervenciones preocupadas por procedimientos que nos afectan ante la opinión pública. El análisis de la campaña por la reelección del Presidente Vázquez será retomado en próximas reuniones. Sobre la candidatura a la presidencia se consideró que nuestro Comité ha de tener participación activa para la mejor resolución del tema. Existen hasta el momento dos puntos de vista:
1º Cumplir con el Estatuto del FA (que indica que corresponde al Congreso resolver sobre el candidato del FA a la presidencia de la república) haciendo el mayor esfuerzo para encontrar una fórmula de consenso. En el caso que no se logre, aplicar el procedimiento constitucional de las elecciones internas (que de todas maneras hay que recorrer, como se puede ver en recuadro adjunto que cita la norma);
2º Acompasar nuestra práctica política a la nueva norma constitucional que obliga a elegir un candidato único por partido mediante votación pública secreta pues es un gran avance en la transparencia política al dejar en el pasado la costumbre de los partidos tradicionales de acumular votos mediante candidatos múltiples con perfiles de derecha, de centro e incluso simpatizantes con la izquierda. Y además es un avance sustancial en la participación popular y democrática en la elección de los candidatos. Ambas razones aconsejan que el Congreso defina los candidatos que participen en igualdad de condiciones en las elecciones internas.

Se ha propuesto que la asamblea del Comité previa al Congreso decida por votación las diversas iniciativas para mandatar a nuestros 7 delegados con lo que se resuelva.

Te invitamos a participar los jueves en el Comité, esquina 2 de Mayo y Bado, a las 20h para ser protagonista de los hechos políticos.

LA CRISIS DEL CASMU:
UNA DIFICULTAD PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

(dada la importancia del tema se recoge un reportaje al Dip. Alfredo Asti)

Una de las mayores si no la mayor mutualista del país, el Casmu, atraviesa profunda crisis. Al margen de las soluciones que se puedan arbitrar, ¿considera que esta situación puede afectar en su conjunto al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)?
- Sí. Creo que pone en riesgo al nuevo sistema sin que éste tenga ninguna responsabilidad en el tema. Por el contrario, diría que el SNIS le dio al Casmu la gran oportunidad de superar los problemas que venía arrastrando de gestiones anteriores. Pero la desaprovechó…
- Puede verse que con el SNIS hubo un aumento muy significativo del número de afiliados en todo el sistema mutual, en el orden del 25% al 30% y la mayor institución, que tiene el mayor número de socios, prácticamente no recibió ninguno de esos nuevos afiliados, hablando obviamente en términos netos. - Porque hubo ganancias y pérdidas de afiliados en las instituciones…
- El Casmu tiene 250 mil afiliados y recibió en forma neta 3 mil, cuando proporcionalmente le hubieran correspondido 75 u 80 mil. Perdió la gran oportunidad de superar sus problemas con un Sistema Nacional de Salud que ha fortalecido al resto de las instituciones. Así que es un problema particular del Casmu, porque otras instituciones -que también venían con dificultades de antes de que comenzara el SNIS- se han visto fortalecidas por el ingreso de nuevos afiliados.
- A lo que se suma la seguridad de pago que representa el nuevo sistema a través del Fondo Nacional de Salud…
- A mí me tocó participar en alguna institución médica en el pasado y todos sabemos el valor que tiene la cuota fija, donde no se da el problema de que el afiliado tenga o no efectivo para pagar la cuota mutual. Eso no es así, se paga puntualmente todos los meses y además tiene un valor adicional, más que el valor monetario, el de la seguridad, porque esas cuotas se pueden ceder o sacar préstamos sobre ellas.
- Pero obviamente por ser la mayor institución mutual, una caída del Casmu sería muy difícil de absorber por el resto del sistema, porque todas las instituciones han captado una cantidad muy grande de nuevos afiliados -trescientos y pico de miles de personas, mayoritariamente niños y jóvenes- y las instituciones médicas del Interior han aumentado en un 30% las afiliaciones.
- Para recuperarse es condición indispensable una reestructuración…
- El Casmu es una institución muy especial, porque se formó como un centro de asistencia de un sindicato e hizo convenios con muchos sindicatos, pero esa misma conformación lo ha llevado a unas ineficiencias que en un régimen de competencia son muy difíciles de sobrellevar. Por tanto deberá reestructurarse, separarse del Sindicato Médico del Uruguay lo que es absolutamente necesario para gestionarse como mutualista, separada jurídicamente del SMU.
- Y ajustar los salarios… - Tendrá que adecuar su masa salarial. No hablo de nivel de sueldos sino de masa salarial, que es muy superior a la del resto de las instituciones médicas, para poder hacerla viable y buscar la forma de prepararse para captar nuevos colectivos que van a ir ingresando -según está previsto- en el Sistema Integrado de Salud y no perder el tren como le sucedió con el comienzo del nuevo sistema.
- ¿De dónde saldrá el financiamiento? - Me preocupa que se hable de los fondos de las AFAPs. En lo que se está pensando es un fideicomiso, como tantos otros que están funcionado en el país y una vez con las calificaciones necesarias, las AFAPs de acuerdo a su voluntad podrán entrar o no. Las administradoras dentro de lo que marca la ley, están deseosas de oportunidades de inversión. Cumpliéndose las condiciones, son las AFAPs las que están interesadas, nadie va a obligarlas a poner los fondos, pero ellas tienen la posibilidad de mejorar sus rentabilidades cuando intervienen en este tipo de papeles que en definitiva se negocian en el mercado.


Treinta y cinco leyes ¿no son nada?

(extracto de la nota del Sub. Secretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Jorge Bruni - La República, 21 de noviembre)
¡Desde 2005 se han sancionado aproximadamente unas 35 leyes sobre trabajo y seguridad social! Son sus contenidos: protección de libertades sindicales; ampliación de plazo de prescripción de créditos laborales, licencia para trabajadores de la actividad privada por estudio, paternidad, matrimonio y duelo; control de las tercerizaciones; regulación del servicio doméstico; ley de migraciones; creación del Instituto Nacional de Empleo; reforma al sistema jubilatorio rebajando años de trabajo para acceder a la jubilación común o a la de edad avanzada; flexibilización de acceso al subsidio o jubilación por incapacidad; bonificación de años por cada hijo para que las mujeres se jubilen antes; cómputo especial si se ha acordado mediante convenio colectivo; reforma del régimen de administración de viviendas para los pasivos; cambios al sistema de comisiones de las AFAP; modificación al seguro de paro para mejorar el amparo; reformas de la Caja Bancaria y del Servicio Policial de Retiros; reparación a los perseguidos por la dictadura; reconocimiento de derechos pensionarios a integrantes de uniones concubinarias; corrección de errores históricos de más de 30 años en la forma de liquidación a los jubilados de la construcción y creación del fondo de cesantía para la construcción; otorgamiento de derechos, luego de más 25 años de reclamación, a los artistas; duplicación o triplicación de los montos de asignaciones familiares; otorgamiento de subsidio por vejez a los mayores de 65 años y menores de 70 carentes de recursos; restitución de la prima por edad, en forma progresiva a los mayores de 70 años; corrección de los topes jubilatorios que se impusieron en la dictadura; aumento de un 150% a julio de 2009 del valor de la jubilación mínima; otorgamiento de facilidades y bonificaciones a afiliados al BPS; etc. Dejo de lado varias leyes de prórrogas al seguro de paro, muchos decretos sobre infinidad de problemas, y 3 o 4 proyectos de ley a estudio del Parlamento, sumamente importantes: sistema nacional de negociación colectiva; negociación colectiva para el sector público, limitación de la jornada en el trabajo rural.

EL FRENTE AMPLIO CUMPLE

Dos usurpadores de la Presidencia durante la dictadura, juzgados y presos
Corrección de los topes jubilatorios que se impusieron en la dictadura
Licencia para trabajadores de la actividad privada por estudio, paternidad, matrimonio y duelo
Control salarial y de los beneficios sociales de las tercerizaciones
Regulación del servicio doméstico

PROYECTO DE LEY GENERAL DE EDUCACION - Exposición de motivos

La educación es la mejor inversión que un país pueda hacer para su desarrollo
individual y colectivo. De la educación que se ordene ahora dependerá en gran parte
cómo sea el Uruguay dentro de veinte o treinta años.
El gobierno nacional, obedeciendo a un compromiso ético, especialmente con los
sectores más desfavorecidos, y al mandato otorgado por la ciudadanía, está
desarrollando un proyecto de país democrático, solidario y con justicia social. Ha
impulsado e impulsa el desarrollo productivo, promoviendo la innovación, la ciencia, la
tecnología y la inserción competitiva de Uruguay a la región y al mundo, así como la
cultura y su accesibilidad. Coherente con estos propósitos, desde el primer momento
ha reconocido el papel central de la educación en ese proyecto.
La inversión del 4.5% del Producto Bruto Interno para la educación pública demuestra
la prioridad que se le otorga a la educación como un derecho humano fundamental.
Sin embargo, la sola asignación de recursos no es suficiente. Es preciso un proyecto
que comprometa a toda la sociedad y que asegure que estos recursos son destinados
a lograr los objetivos deseados. Por esta razón se propone una Ley General de
Educación que contenga fuertes elementos programáticos.
La intención de aprobar una nueva ley de educación fue señalada desde un
comienzo por este gobierno y consagrada en el acuerdo firmado por todos los
partidos con representación parlamentaria en febrero de 2005.
La aprobación de una nueva Ley de Educación es una deuda del sistema político con
la educación. La Ley 15.739 permitió el tránsito de la dictadura a la democracia. Sin
embargo, su propia denominación, “Ley de Emergencia”, recoge el sentir mayoritario
de que era necesario elaborar otra norma legal. Esta ley, por su contenido y
denominación no condice con el rol protagónico que la ciudadanía y este gobierno
asignan a la educación.
Si bien una Ley no opera por sí misma los cambios, sí puede y debe facilitarlos,
favorecerlos y orientarlos programáticamente.
En atención al objetivo de elaborar una Ley que abarque a todo la educación, desde el
nacimiento hasta la vida adulta, el presente proyecto deroga la Ley 16.802 que regula
las “guarderías” privadas e incorpora la educación de la primera infancia al Sistema
Nacional de Educación.
El gobierno se comprometió a que la discusión y elaboración de la nueva Ley de
Educación se hiciera con la más amplia participación de todos los sectores directa o
indirectamente involucrados. Por ello, se realizó durante 2006 el Debate Nacional
sobre la Educación, promovido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la
Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la
República (UdelaR) y organizado por una Comisión integrada por personas de
amplia representatividad de todos los ámbitos de la educación nacional y de los
partidos políticos. El Proyecto de Ley que se presenta al Poder Legislativo se nutre
de este proceso y pretende dar continuidad al mismo al abrir espacios de
participación social diversos, incluida la institucionalización del Congreso Nacional
de Educación con cometidos de asesoramiento y consulta.
Se propone un ordenamiento de acuerdo a principios impulsados por el gobierno y
recogidos en el proceso del Debate. El Proyecto establece metas de futuro inmediato y
mediato para un proyecto educativo sólido y abarcativo, y establece la coordinación
entre dicho proyecto educativo y el proyecto de país democrático, productivo,
innovador e integrado. Aspira a ser un marco flexible, capaz de generar los elementos
para su propia transformación.
La meta es educación de calidad, con equidad, relevancia y pertinencia para todos,
como derecho inalienable, y durante toda la vida, en una sociedad de aprendizaje,
tanto de saberes organizados en disciplinas como de actitudes y modos de vida.
Democratización de una educación conectada con el trabajo, en que todos puedan
seguir aprendiendo siempre.
Se mantienen y exaltan los principios varelianos: laicidad, gratuidad y obligatoriedad.
En particular se establecen las metas programáticas de obligatoriedad de la
enseñanza desde los 4 años y hasta la educación media superior con extensión del
horario a un mínimo de 900 horas al año, con vistas a llegar a la jornada escolar
extendida para todos los niños y jóvenes, de manera que las oportunidades de cada
uno no estén signadas por su origen. Metas sumamente ambiciosas pero
imprescindibles para el Uruguay del siglo XXI.
El proyecto pretende lo mismo que se quiere para los propios hijos, o para los jóvenes
compatriotas. Que sean buenas personas, solidarios, honestos: entonces las líneas
trasversales que atraviesan el proyecto en Derechos Humanos, formación en
ciudadanía y desarrollo de criterio propio. No como asignaturas, sino que impregnen
toda la educación. Que lleguen a ser independientes: entonces la formación en el
trabajo, para un mundo en que la capacitación es un requisito imprescindible. Que
entiendan el mundo en que viven y sean capaces de transformarlo: para ello
conocimientos científicos y sociales. Que sean capaces de disfrutar de la vida
individual y social: por eso educación en artes, para la salud, la educación física, la
recreación, la sexualidad. Que comprendan la relación de los seres humanos con la
naturaleza, por eso la educación ambiental. Que sean capaces de comunicarse
adecuadamente, por ello la educación lingüística.
Hay muchas formas de aprender que deben ser estimuladas y reconocidas, por eso se
habla de sociedad de aprendizaje. Se aprende en el trabajo, en los sindicatos, en
organizaciones variadas. Por este motivo se incluye la educación no formal y se
establecen sus lazos con la formal.
Se apunta a una educación cuyo sujeto es el educando. Se jerarquiza el centro
educativo como un espacio de aprendizaje y de socialización clave para la política
educativa nacional, promoviendo la participación de alumnos, docentes, padres o
representantes y de la comunidad. Se estimula la descentralización, creando
Comisiones Departamentales y posibilitando instancias regionales.
Se propone un sistema coordinado, que en su parte formal contempla los siguientes
niveles.
- La educación inicial (3 a 5 años de edad), la educación primaria (de seis años
de duración) y la educación media básica (de tres años).
- Esta educación media básica busca atender los intereses y necesidades de los
adolescentes y se propone recoger todas las experiencias de la enseñanza
secundaria, la técnico profesional y la rural.
- La enseñanza media superior tiene varias orientaciones y perfiles, que pueden
ser de egreso o de tránsito.
- La enseñanza terciaria tiene tres vertientes: la profesional, la universitaria y la
formación para la educación. El tránsito o la reválida entre las tres será
facilitado por el reconocimiento de créditos y por la posibilidad de cursos de
complementación.
- Los niveles de post grado son maestría y doctorado. Se prevé que desde las
distintas vertientes sea posible llegar a los niveles más altos.
La educación media se estructura de manera que el aprendizaje sea uno solo en
cuanto a aprender trabajando y trabajar aprendiendo, generando egresados capaces
de integrarse al mundo del trabajo y de seguir estudiando a través de diferentes
opciones terciarias. Se busca entonces que trabajo y estudio no sean antagónicos sino
complementarios en la vida.
Se da especial importancia a las formaciones de tipo profesional y terciario (incluyendo
tecnológicas, comerciales, idiomas, servicios); son opciones de interés para muchas
personas y son indispensables para el desarrollo del país.
El proyecto de Ley caracteriza como universitaria la formación de los docentes. Para
ello, se crea el Instituto Universitario de Educación el que deberá consignar el
cogobierno de los actores directos, y recibir el apoyo y la complementariedad de la
Universidad de la República, admitiendo que estas formaciones deben ser compatibles
y de tránsito fácil entre ellas. Esta nueva institucionalidad, en el futuro podría
desembocar en la autonomía de este Instituto o en la creación de una nueva
Universidad.
El Proyecto atiende la educación de personas jóvenes y adultas, de personas con
alguna forma de discapacidad, de la población carcelaria, procurando la integración de
todos a la educación a la que acuden las personas de similar edad, para promover la
integración social y la tolerancia.
En la formación terciaria profesional y en la de educación, se prevé la participación de
la Universidad de la República, creando sistemas abiertos, que colaboren en la
capacitación de personas, en la investigación en sus diferentes disciplinas, así como
en la enseñanza y en el aprendizaje.
Se busca entonces que el sistema sea un gran cuerpo coordinado a su interna,
coordinado con la investigación, la innovación y la cultura y coordinado con el
desarrollo. Se establecen equilibrios entre coordinación, autonomía y participación,
entre multiplicidad de actores y especializaciones; equilibrios que no deben ser
disyuntivos sino constructivos. El Consejo Directivo Central de la ANEP, autónomo,
estará integrado con personas designadas por el Poder Ejecutivo con venia del
Senado, como actualmente, ya que el gobierno electo representa a la ciudadanía y
tiene entre sus roles armonizar el proyecto educativo con el de desarrollo nacional.
Incluye la elección de dos miembros por los docentes del ente. Dos miembros de los
consejos de educación dependientes del CDC de ANEP serán designados por el
propio CDC y uno de ellos será electo por el cuerpo docente del respectivo Consejo.
La participación docente en la elección de dos consejeros del CDC y uno en cada
Consejo constituye un cambio sustancial, promueve la coparticipación de los docentes
y responde a la consideración de que no hay transformaciones en la educación sin su
participación.
La Ley crea el Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) conformado por el
MEC, la ANEP y la UdelaR. El propósito es que el Estado tenga un ámbito de
concertación y coordinación de políticas educativas y que permita que cada institución
se responsabilice de su propio ámbito.
Se crean mecanismos de evaluación independientes que permiten rendir cuentas a la
sociedad y tener bases objetivas para seguir cambiando fundadamente. La creación
del Instituto Nacional de Evaluación Educativa es una innovación clave para conocer la
realidad y para rendir cuentas a la sociedad de cómo se avanza en materia educativa.
En suma, el país necesita una Ley General de Educación, que conforme un verdadero
sistema educativo articulado con el proyecto de desarrollo del país, que establezca
metas y objetivos ambiciosos, propios del siglo XXI, que incorpore y promueva
innovaciones, que permita crear nuevas instituciones y que abra espacios de
participación docente, estudiantil y social. Lo necesita porque la situación actual no
satisface y requiere cambios. Uruguay requiere una Ley para cambiar la educación
para que colabore en la transformación del país.
Montevideo, mayo de 2008.